Squeeze-Outs y gobierno corporativo: el difícil equilibrio entre control y protección minoritaria

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Las estructuras corporativas modernas se han vuelto progresivamente más complejas.

Procesos de expansión empresarial, fusiones y adquisiciones, ingreso de fondos de inversión, reorganizaciones societarias y consolidaciones de control han convertido al gobierno corporativo en un elemento central dentro de la estrategia empresarial contemporánea.

Y precisamente en ese contexto aparece uno de los mecanismos más debatidos del derecho societario moderno:
los llamados squeeze-outs.

Aunque muchas veces el término suele asociarse únicamente a operaciones de gran escala o a mercados bursátiles sofisticados, la realidad es que el debate detrás de los squeeze-outs resulta mucho más profundo.

Porque, en el fondo, lo que realmente se discute es hasta qué punto una mayoría puede consolidar el control de una sociedad sin afectar injustificadamente los derechos de los accionistas minoritarios.

La tensión no es menor.

Por un lado, las empresas requieren estructuras eficientes y capacidad de decisión para competir en mercados cada vez más dinámicos y exigentes.

Pero, por otro lado, el derecho societario también busca evitar que el poder de control se convierta en una herramienta de abuso o exclusión arbitraria.

Y justamente ahí aparece uno de los mayores desafíos del gobierno corporativo moderno.

¿Qué es un squeeze-out?

En términos generales, un squeeze-out es un mecanismo mediante el cual un accionista mayoritario adquiere de manera forzosa las acciones de accionistas minoritarios una vez alcanzado determinado nivel de control dentro de una sociedad.

La finalidad suele responder a razones económicas y corporativas relativamente claras:

  • consolidar el control;
  • simplificar estructuras societarias;
  • facilitar reorganizaciones empresariales;
  • reducir costos de administración;
  • evitar bloqueos minoritarios;
  • o preparar procesos de integración, desliste o venta estratégica.

En otras palabras, el squeeze-out busca permitir que quien ya posee una posición de control prácticamente consolidada pueda adquirir el porcentaje restante de acciones y reorganizar la compañía bajo una estructura más eficiente.

Sin embargo, precisamente porque implica la salida forzosa de accionistas minoritarios, el mecanismo suele generar importantes cuestionamientos jurídicos y corporativos.

Porque la pregunta central permanece:
¿hasta dónde puede llegar el poder de la mayoría?

La lógica económica detrás del squeeze-out

Desde una perspectiva empresarial, los squeeze-outs suelen justificarse bajo criterios de eficiencia corporativa.

En la práctica, estructuras societarias excesivamente fragmentadas pueden dificultar:

  • la toma de decisiones;
  • los procesos de inversión;
  • la ejecución de reorganizaciones;
  • la implementación de estrategias corporativas;
  • o incluso la sostenibilidad financiera de determinados proyectos.

Además, en operaciones de M&A resulta relativamente frecuente que un inversionista estratégico o fondo de inversión busque adquirir control prácticamente absoluto sobre una compañía para evitar conflictos futuros con minoritarios residuales.

Y ello responde a una lógica relativamente comprensible:
quien asume el riesgo económico principal normalmente busca también capacidad efectiva de dirección y control.

En mercados internacionales, especialmente en compañías listadas o en operaciones de adquisición complejas, los squeeze-outs se convierten muchas veces en mecanismos indispensables para concluir procesos de consolidación empresarial.

No obstante, justamente porque la eficiencia corporativa puede entrar en tensión con los derechos patrimoniales de las minorías, la mayoría de sistemas jurídicos modernos han desarrollado importantes mecanismos de protección.

El verdadero problema: la protección de los accionistas minoritarios

El principal riesgo de un squeeze-out no radica únicamente en la exclusión de la minoría.

El verdadero problema aparece cuando dicha exclusión se produce bajo condiciones desproporcionadas, abusivas o carentes de transparencia.

Por ello, el derecho comparado ha desarrollado diversos estándares orientados a equilibrar:

  • eficiencia empresarial;
  • libertad de empresa;
  • protección patrimonial;
  • y tutela de accionistas minoritarios.

Entre las principales herramientas de protección suelen encontrarse:

  • umbrales mínimos de participación accionaria;
  • valorizaciones independientes;
  • fairness opinions;
  • mecanismos de revisión judicial;
  • deberes fiduciarios reforzados;
  • obligaciones de transparencia;
  • y estándares de “precio justo”.

La lógica detrás de estas medidas resulta relativamente clara:
si la minoría será obligada a salir de la sociedad, dicha salida debe producirse bajo condiciones razonables y económicamente equitativas.

De lo contrario, el squeeze-out podría terminar convirtiéndose en una herramienta de abuso de control.

Y justamente ahí el gobierno corporativo adquiere un rol absolutamente central.

Gobierno corporativo y directores independientes

Uno de los aspectos más relevantes en este tipo de operaciones es el papel que desempeñan los directorios y, especialmente, los directores independientes.

En estructuras corporativas modernas, el directorio no debería limitarse únicamente a aprobar formalmente una operación diseñada por el accionista controlador.

Su función también implica supervisar:

  • conflictos de interés;
  • razonabilidad de las condiciones económicas;
  • transparencia del proceso;
  • protección de minoritarios;
  • y sostenibilidad institucional de la decisión adoptada.

Precisamente por ello, en muchas jurisdicciones comparadas, la participación de directores independientes resulta particularmente relevante en operaciones potencialmente conflictivas.

La presencia de miembros con independencia de criterio permite:

  • reducir riesgos reputacionales;
  • fortalecer la legitimidad del proceso;
  • mejorar estándares de supervisión;
  • y otorgar mayor credibilidad frente a inversionistas y stakeholders.

En otras palabras:
la institucionalidad corporativa también funciona como un mecanismo de control frente al ejercicio abusivo del poder societario.

Y probablemente ese sea uno de los puntos más importantes del debate moderno sobre squeeze-outs:
la discusión ya no gira únicamente alrededor de la legalidad formal de la operación, sino también sobre la calidad del gobierno corporativo que la respalda.

El derecho comparado y la evolución de los squeeze-outs

Los mecanismos de squeeze-out han evolucionado considerablemente en los últimos años.

En Estados Unidos, particularmente bajo la experiencia de Delaware, la discusión se ha centrado históricamente en los deberes fiduciarios de los accionistas controladores y en los estándares de revisión judicial aplicables a operaciones con potencial conflicto de interés.

En Europa, diversas jurisdicciones han incorporado mecanismos expresos de adquisición forzosa vinculados al mercado de valores y a operaciones de toma de control, normalmente acompañados de importantes exigencias de transparencia y valorización independiente.

Incluso en Latinoamérica, mercados como Brasil han desarrollado estándares relativamente sofisticados de protección minoritaria asociados a gobierno corporativo y mercado de capitales.

La tendencia internacional parece relativamente clara:
permitir mecanismos de consolidación empresarial, pero bajo estándares cada vez más rigurosos de supervisión y protección patrimonial.

¿Qué ocurre en el Perú?

En el caso peruano, el escenario todavía presenta importantes vacíos y desafíos.

La legislación societaria peruana no regula de manera particularmente detallada los squeeze-outs en sociedades cerradas bajo un esquema equivalente al desarrollado en otras jurisdicciones comparadas.

No obstante, en la práctica corporativa sí existen mecanismos que pueden aproximarse funcionalmente a resultados similares:

  • fusiones;
  • reorganizaciones societarias;
  • acuerdos de accionistas;
  • cláusulas drag-along;
  • o determinadas estructuras de adquisición.

Ello genera un espacio donde la autonomía privada y la interpretación de deberes societarios adquieren una relevancia especialmente importante.

Y precisamente por esa razón, el rol del directorio, la transparencia de los procesos y los estándares de gobierno corporativo terminan siendo determinantes para reducir riesgos de judicialización o conflictos posteriores.

Porque, en ausencia de regulación suficientemente específica, la institucionalidad corporativa muchas veces se convierte en el principal mecanismo de equilibrio.

Reflexión final

El debate sobre los squeeze-outs refleja una de las tensiones más complejas del derecho societario contemporáneo.

Las empresas modernas necesitan eficiencia, capacidad de reorganización y estructuras que permitan competir en mercados cada vez más sofisticados.

Pero al mismo tiempo, la sostenibilidad institucional exige que el ejercicio del control societario se desarrolle bajo estándares adecuados de transparencia, razonabilidad y protección de derechos patrimoniales.

El verdadero desafío no consiste únicamente en permitir que la mayoría consolide el control de una compañía.

El verdadero desafío consiste en garantizar que dicha consolidación no termine debilitando la confianza, institucionalidad y legitimidad del propio sistema corporativo.

Porque, al final, las organizaciones más sólidas no son aquellas donde el poder se ejerce sin límites.

Son aquellas capaces de construir estructuras donde control, supervisión y protección patrimonial logran coexistir de manera equilibrada.